Ser esclavo significa vivir una vida basada en la vida de otrxs,
atendiendo sus necesidades, deseos o caprichos, postergando
permanentemente los propios. Una vida que nadie desea ni merece. Muchos
Estados han rechazado la esclavitud por el hecho de que atenta contra
los principios más elementales de la humanidad, el derecho a vivir.
Sin
embargo, pese a que resulta casi feudal traer a colación el debate
sobre la esclavitud en esta época, en lo que va del último cuarto de
siglo, el Capital ha logrado darle una nueva vuelta de tuerca con una
habilidad que sería digna de aplausos sino fuera porque sus
consecuencias son nefastas.
La esclavitud moderna es exactamente
eso, obviando la salvedad de que hoy en día está amparada bajo un
régimen “democrático” (y por lo tanto “libremente escogido”), la nueva
esclavitud consiste en mantenernos trabajando en beneficio de un puñado
de familias durante la época de mayor vitalidad que tenemos,
beneficiando a una elite que sujeta la sartén con conceptos como
créditos bancarios y deudas a corto, mediano y largo plazo, haciendo que
la ilusión de una vida libre se esfume casi tan rápido como la sonrisa
en la cara de un hipócrita.
Nos han convencido de que para tener
una buena vida, un buen pasar, hemos de rompernos el lomo trabajando
para ello. Miles de millones de personas han basado su existencia bajo
esta máxima, terminando sus días sin pena ni gloria, siendo tan solo una
cifra más en las calculadoras de lxs banquerxs. Pero como a la gran
mayoría ni siquiera así le alcanza para una vida decente, vale decir,
tener un techo donde dormir, comida, salud, educación y el bienestar de
sus familiares, aparece el fraude del inmediatismo y el consumo rápido,
con su respectiva tasa de interés.
Así, la banca ofrece una
solución que más que erradicar el problema de raíz, más bien parece un
chantaje. Por lo que es común ver a matrimonios o parejas trabajando
toda una vida por el sueño de la casa propia y para costearle la
educación a sus hijxs. Eso, sin mencionar que para pagar esa deuda (que
muchas veces supera hasta 2 o incluso 3 veces el valor real del
patrimonio) esxs trabajadorxs cotizaran toda su vida laboral en un
sistema de pensiones indigno del cual, adivinen, la banca es socia
mayoritaria.
En el Chile de hace poco más de una década atrás,
donde la población más pobre (y mayoritaria) aún se resistía a entrar al
mercado financiero –seguramente en el inconsciente popular aún quedaba
cierta reticencia hacia lxs señorxs de cuello y corbata [ladrones por
excelencia]-, la operación para llegar a ese resultado tuvo un
protagonista estelar: El BancoEstado, famoso por su slogan “El banco de
todos los chilenos”.
Y es que fue a través de esta institución que
los poderes políticos y económicos comenzaron a presionar para que lxs
trabajadorxs de menos recursos entraran al fraude de la banca (la
propaganda por la Cuenta Rut es ilustradora), ya que al ser una amplia
mayoría (recordemos que Chile está a la vanguardia como uno de los
países con mayor desigualdad en el mundo), los dividendos serian
cuantiosos. Eso, sin mencionar que con amplias capas de la población
dentro del sistema bancario, el poder político tendría un eficaz arma
para manipular a lxs trabajadorxs, lxs que a su vez, estarían amarradxs
de manos ante el chantaje de cubrir necesidades básicas.
De esta
forma, y cobrando tasas de interés mucho más económicas que las del
resto del mercado –pero no por eso con menores utilidades-, fue como se
embaucaron a miles de trabajadorxs esperanzadxs en alcanzar un buen
porvenir, no tanto para ellxs mismxs, sino más bien para sus familias.
Así,
la fórmula de menor tasa de interés, y mayor publico cooptado, obtuvo
importantes créditos a nivel financiero. Miles de personas accedieron a
créditos de consumo (para costear necesidades básicas), créditos
hipotecarios y créditos comerciales, donde lamentablemente, terminarán
pagando muchísimo más del valor real del patrimonio adquirido, ya sea
este una casa, un auto y/o un título universitario, para la banca
estatal siempre se tratará de un negocio lucrativo.
En este
sentido, esta política económica termina por cumplir dos funciones
principales: La primera es que desarticula cualquier solución
alternativa al sistema, por lo tanto, procesos revolucionarios que
alteren el orden de las cosas quedan fuera. Una persona que no está
insertada en el sistema económico, pero que pueda operar paralelamente
al sistema capitalista es potencialmente peligrosa, sobre todo en
términos estrictamente políticos, ya que al no existir sanción alguna,
las personas pueden escoger libremente con que sistema prefieren
solucionar sus problemas. Por lo tanto, en cuanto a mantener sometidos a
amplios sectores de la población, se hacía imperativo convertir a lxs
trabajadorxs en clientes de la banca.
De no ser así, evidentemente
el sistema capitalista vería mermado gran parte de su flujo mercantil
actual, ya que cualquier persona sensata preferiría no pagar intereses
ni ser castigada monetariamente para sanear necesidades básicas. Como
lxs traidorxs de la Concertación sabían esto, generaron políticas
públicas ad hoc para seguir castigando a lxs marginadxs (recordar que
las políticas de exclusión social se implementan a través de la Doctrina
del Shock y el sistema neoliberal de los Chicago Boys) y, solo en un
comienzo y en casos muy determinados, benefician a lxs usuarixs de la
banca [1], que en cualquier caso nunca les significará un buen negocio
si se compara con el costo que significa amarrarse a este tipo de
instituciones.
La segunda función de esta política económica tiene
que ver con el efecto disuasivo que se genera. Una persona marginada
del sistema económico nacional queda vulnerable y totalmente expuesta
antes de poder cubrir medianamente sus necesidades básicas, sirviendo
como ejemplo para el escarmiento social. Así, bajo el temor de terminar
marginadxs, lxs trabajadorxs aceptan el chantaje por el bien propio y el
de sus familias.
De esta manera, la burguesía y el Capital
supranacional han logrado someter a gigantescas capas de la población al
trabajo obligatorio, donde los dividendos del laburo terminan siempre
en las mismas arcas: las de una elite exclusiva de súper ricxs.
El BancoEstado es un elemento clave para que lo descrito anteriormente se haya materializado.
Sin embargo, para hacer que todo ese dinero llegue a manos de un puñado de magnates aún faltan pasos en la operación. Veamos:
El
BancoEstado fue fundado bajo la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo
por un ya alejado año 1953, y es el ente regulador del Fisco. Vale decir
que es esta la institución por donde sale el dinero de “todos los
chilenos” que se recauda a través de la plusvalía que generan los
negocios articulados con grandes capas de trabajadorxs endeudadxs en
diferentes tipos de créditos. Dinero que yace para administrar las
políticas públicas de los Gobiernos escogidos “democráticamente” (aunque
no podemos obviar que en Dictadura ocurrió igual).
De esta forma
es que a través de esta guarida de ladronxs se financian, por ejemplo,
diversos organismos, llámese instituciones como Carabineros,
Gendarmería, PDI, Fiscalías, Fuerzas Armadas, Tribunales de Justicia,
etc.; fundaciones como Seguridad o Paz Ciudadana; empresas que licitan
con el Estado o son contratadas por entes regulados por el mismo;
personas naturales como Diputadxs, Senadorxs, Ministrxs, Concejalxs,
Presidentxs, etc.; hospitales, escuelas, universidades, cárceles,
municipalidades, y actividades que tienen su origen en políticas
públicas reciben sus ingresos desde esta institución (como perdonazos
bancarios, salvatajes a empresas que se dan a la quiebra, subsidios de
toda índole, entre otros).
De esta manera, cada vez que escuchamos
hablar, por ejemplo, sobre el DL 701, que entrega un “capital semilla” a
empresas monstruosas como la CMPC (del Grupo Matte), a Madeco (Grupo
Luksic) o a Celco (Angelini), para incentivar el monocultivo de pino y
eucalipto en La Araucanía, porque se incentiva la industria nacional y
maderera (y genera fuentes laborales), en realidad lo que está
ocurriendo es que el BancoEstado está entregándoles la plusvalía de las
tasas de interés que le cobran a miles de trabajadorxs en sus
respectivos créditos (de consumo, hipotecarios, cuentas de ahorro, etc.)
a un puñado de multimillonarixs que salen muertxs de la risa en la
revista Forbes.
Pero para resguardar las inversiones, el Estado
chileno ha asumido un compromiso férreo con el empresariado. En este
sentido, las balas disparadas por el Comando Jungla, y que terminaron
con el asesinato del peñi Camilo Catrillanca hace solo un par de semanas
atrás, no solo provienen de un aparato militar que protege los
intereses latifundistas y empresariales, sino que además son financiadas
con dinero proveniente del BancoEstado, el que le otorga una especial
inyección de recursos a Carabineros para cuidar los intereses generados a
través del mismo Decreto Ley 701, el que –por cierto- fue creado en
plena Dictadura Militar, para despojar a lxs pobres y marginadxs de sus
tierras ancestrales, entregándoles en bandeja de plata los recursos a
una tropa de oportunistas cínicxs y asquerosxs.
No obstante, estas
bacterias no solo saben aprovecharse de las políticas públicas, las que
muchas veces les han otorgado sabrosos dividendos económicos o han
barrido a sus enemigxs, sino que también han sabido cultivar su tremenda
influencia y control en políticxs corruptxs que les han favorecido en
gran medida.
Ejemplar es el caso del salvataje que benefició al
clan Edwards cuando sus empresas estaban virtualmente quebradas. Y es
que en los primeros años de la década de los 80 la crisis los había
golpeado con fuerza. Tanto así que tuvieron que desprenderse de varios
negocios para concentrarse en salvar la cadena periodística y el banco
de su propiedad. Sin embargo, cuando el dólar subió de 39 a 160, la
deuda de El Mercurio que era de alrededor de 13 millones de dólares se
empinó a 100 millones en un abrir y cerrar de ojos.
La dictadura,
entonces, les tendió la mano. A Pinochet le interesaba ayudarlos porque
esa era también la forma de asegurar su control sobre esos medios. El
Banco del Estado se hizo cargo de la deuda externa del Banco de A.
Edwards, de más de 201 millones de dólares, sin exigir garantías ni
tampoco prenda de acciones como a los demás bancos.
El Mercurio, y
también Copesa (que corría una suerte similar), seguían endeudados en
decenas de millones de dólares. Cuando se produjera el cambio de
gobierno, sus acreedores podrían quedarse con los periódicos y lo más
grave: el acreedor que podría hacerlo era el Banco del Estado que
pasaría a control del nuevo gobierno. Pinochet y los militares
necesitaban mantener los principales medios escritos en manos de sus
partidarios. Decidieron moverse rápido. La operación de salvataje quedó
en manos de Álvaro Bardón, presidente del Banco del Estado, el hombre
clave en el lugar clave.
Para evitar que los nuevos Gobierno
concertacionistas controlaran los medios una vez Pinochet estuviera
fuera del Poder, Bardón ideó una serie de swaps para las deudas. El
Banco del Estado canjearía las deudas de los periódicos por otras
carteras de deudas que estaban en poder de bancos del sector privado,
dejando las deudas fuera del alcance de la Concertación. ‘Si no la
Izquierda habría tenido el monopolio sobre la prensa’, dijo Bardón una
década después.
Los bancos tomaron las deudas de El Mercurio -y
también de Copesa-, traspasaron a cambio al Banco del Estado otros
créditos, no pocos incobrables o de poco valor, que aparecieron
sobrevaluados. Se maquillaron balances y la documentación de base fue
eliminada para no dejar huellas.
Lxs dueñxs de los bancos privados
recibieron, además, otros beneficios: los préstamos que el Banco Osorno
recibió del Banco del Estado fue a parar a Copesa. Los principales
accionistas del Banco Osorno en 1989 eran Carlos Abumohor y Alvaro Saieh
que compraron Copesa. El resultado de este triple canje: los
propietarios de Copesa se las arreglaron para comprar gran parte de su
deuda con un 50% de descuento. Un lujo que solo lxs súper-ricxs pueden
darse.
Por otra parte, el Banco de Chile (que fue quien permuto
las deudas de El Mercurio con el BancoEstado) permitió levantar la
hipoteca sobre el campus de Av. Santa María, donde se ubica la sede
central del periódico [2], reemplazándola por 180 marcas registradas
(entre otras los nombres en los diarios regionales de El Mercurio y el
nombre del mismo diario en otros idiomas), nombres que nunca fueron
utilizados y cuyo valor no fue establecido. Entre esos 180 nombres
estaba Clarín, diario expropiado por los militares al ciudadano español
Víctor Pey Casado.
Así, hubo una serie de canjes y permutaciones
en las que el Estado, a través de su entidad bancaria se hacía cargo –en
pésimos negocios para “todos los chilenos”- de las deudas de lxs más
ricxs del país. Un ejemplo pintoresco es un canje de deuda que no es
digno de destacar por su tamaño -117 mil dólares- sino por su aval. El
Banco del Estado pasó a ser dueño del pagaré Nº 7529, en el cual la
Asociación Proveedora de Manzanas (Asproman) avaló su deuda con varios
miles de cajones de manzanas. Impresentable ¿verdad?
Pero aún hay
más. El BancoEstado termino por comprar espacios publicitarios para los
diez años siguientes, pagándolos por adelantado. A El Mercurio le compró
223.307 cm/columna de espacio, descontando inmediatamente 1,8 millones
de dólares de las deudas de ese año. Por otra parte a La Tercera le
compro aún más, ya que esta le vendió 82 mil cm/columna de espacio a
cambio de 1,6 millones de dólares a cuenta de su deuda.
Con estos
canjes, Agustín Edwards pudo, entonces, pagar 11,2 millones de dólares
al Banco de Chile para cubrir una deuda que tres días antes era de 33,4
millones de dólares. Según se estima, para el Banco del Estado el
salvataje tuvo un costo de 26 millones de dólares, contabilizados
directamente, y dirigidos en especial a El Mercurio. Se cree, sin
embargo, que la pérdida fue mucho mayor porque en las permutas se
recibieron deudas de empresas que en definitiva valían mucho menos de lo
estimado.
En agradecimiento por sus gestiones Álvaro Bardón [3]
volvió a El Mercurio, esta vez en gloria y majestad, donde trabajo como
columnista. El Mercurio y Copesa entraron al escenario democrático con
finanzas ordenadas, pasivos reducidos y manejables, listos para
proseguir la defensa del neoliberalismo y dar apoyo a Pinochet.
Pero
no solo en la época dictatorial o en la guerra anti-mapuche lxs
capitalistas han recibido cariñosos obsequios por parte del Estado. Como
olvidar el perdonazo que le dio la Corfo (ente regulador de algunas
empresas estatales “estratégicas”) al propio ex yerno del Dictador
Pinochet, el multimillonario Julio Ponce Lerou, quien no solo logró
zafar de la acusación por la enajenación de SQM [4], sino que incluso
arreglo condonaciones y nuevos negocios con lxs concertacionistas que
habitaban La Moneda en esos primeros años de Democracia.
Otro que
recibió un trato benevolente y que enfrentaba similar situación fue el
entonces Gerente General de la Compañía de Aceros del Pacifico (CAP),
Roberto de Andraca, quien emergió como dueño de la, hasta hacia poco
años, estatal compañía metalúrgica. Este cretino se apropió en 105
millones de dólares de un patrimonio evaluado en 811. El BancoEstado, a
través del Fisco, que a su vez es financiado con el flujo mercantil que
entregan millones de trabajadorxs a través de diferentes créditos,
nuevamente se haría cargo de la pérdida, evidentemente, sin ningún tipo
de persecución penal.
Pero no es necesario buscar antecedentes tan
vetustos para darnos cuenta que esta política sigue más vigente que
nunca. En este sentido basta revisar la subvención por parte del Fisco
al 4% de la tasa de interés que imponían los bancos en el Crédito con
Aval del Estado (CAE) [5], donde BancoEstado paga la diferencia por la
reducción del interés. Un alivio para lxs estudiantes. No obstante, los
intereses de la banca privada quedaron exactamente iguales. Bancos como
el BCI (Yarur), el Chile (Luksic), Corpbanca (Saieh), Falabella (Solari)
o Bice (Matte), siguieron percibiendo el 6% del interés real, con la
salvedad de que más de la mitad de ese porcentaje sale del dinero de
“todos los chilenos”.
De esta manera es como no solo evaden
impuestos, sino que lucran con el Estado. El BancoEstado resulta ser un
canal primordial en la materialización de esta política abusiva y
usurera, donde, evidentemente, muy pocxs terminan con el dinero de
muchxs.
Finalmente resulta aberrante y hasta tragicómico que el
Estado de Chile repudie la esclavitud en su sentido discriminador y
racista, pero que apruebe e incluso fomente la esclavitud a la que nos
somete el Capital con políticas publicas incluso bélicas, como ocurre en
el Wallmapu.
Extracto de comunicado: Adjudicación de atentado explosivo de Contra Info
No hay comentarios.:
Publicar un comentario